La defensa de Agustí mantiene que el Auditorio no se adjudicó a dedo y atribuye la denuncia a "una batalla política"

El letrado de la defensa del exalcalde 'popular' de Paterna (Valencia) Lorenzo Agustí ha defendido este jueves -en su turno de conclusiones de la vista oral en la que se juzga el conocido como 'caso Auditori'- que este espacio "no se adjudicó a dedo" y ha achacado que el ex primer edil esté sentado en el banquillo a raíz de la denuncia interpuesta por el PSPV a una "batalla política". Para el letrado, el objetivo era "ganar las elecciones en los tribunales cuando no se ganan en las urnas". El PSPV de la localidad, que fue quien denunció la presunta irregularidad, ha mantenido la petición de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa como acusación popular -representada por el ex candidato socialista a la Generalitat y ex secretario general Jorge Alarte-, misma pena que solicita el ministerio público. 

Agustí abandona el Juzgado de lo Penal de Paterna
 tras su declaración ante le el Juez. 

La fiscal solicita una pena de nueve años de inhabilitación basándose en la "ilegal" forma de proceder al adjudicar "a dedo un contrato público, sin ningún tipo de publicidad ni concurrencia, y a sabiendas de que vulneraba los principios básicos establecidos para la contratación de las Administraciones Públicas". La firma adjudicataria fue Estudio Arquitectura de Paterna por un montante de alrededor de cinco millones de euros y los empresarios percibieron 456.470,85 euros como honorarios.

La defensa de Agustí ha asegurado que el proyecto del centro musical "no se adjudicó a dedo", ya que el entonces alcalde "siempre actuó guiado por los funcionarios, los garantes de la legalidad". Además, ha sostenido que el ex primer edil ha sido procesado por "una batalla política" y ha destacado: "El auditorio está construido, se ha actuado en interés de los ciudadanos".En su alegato final, la fiscal ha afirmado que existen "pruebas suficientes" para condenar a Agustí y ha criticado que "no existió expediente de contratación, debió existir y se hizo de forma verbal" cuando, ha continuado, "no se puede contratar así y el alcalde debería saberlo". Asimismo, ha subrayado que la cuantía acordada exigía publicidad "y no la hubo" y ha concluido: "Fue una contratación completamente al margen de la legalidad".Por su parte, Alarte, en representación de la acusación popular, se ha adherido a los argumentos del ministerio público y ha defendido que "el único objeto del concurso de ideas era el de presentar estas propuestas, no se prometía que se ejecutaría después el proyecto de obra".El letrado ha realizado estas afirmaciones debido a que la defensa del exalcalde ha sostenido durante el proceso que se hizo un concurso de ideas "con arreglo a la ley" para conseguir una propuesta para la construcción del auditorio que preveía que cuando se obtuvieran fondos, se adjudicarían las obras a la empresa ganadora.


"PALMARIO DESPRECIO A LA LEGALIDAD"

Asimismo, la acusación popular ha destacado que "nunca se hizo un control del pliego" y "se hizo sin fiscalización y con palmario desprecio a la legalidad". "Ni al alcalde del municipio más pequeño de España se le hubiera ocurrido adjudicar medio millón de euros sin publicidad, en su despacho, de forma verbal y sin el apoyo de informes de los funcionarios", ha aseverado.Por su parte, el exalcalde, en su última palabra, ha asegurado que "si se cometió algún error" no fue suyo, que el concurso de ideas "había tenido publicidad y era sobradamente conocido" y que "no ha habido un quebranto al Ayuntamiento de Paterna" porque "se ha pagado el justo precio de mercado".Además, sobre su posible condena, ha explicado que no tiene "ningunas ganas de volver al ejercicio público" pero ha destacado que llevará "hasta el último extremo" su "honorabilidad".


HONORARIOS "AJUSTADOS"

En esta última jornada ha testificado, entre otros, el jefe de planeamiento del consistorio paternero, que ha señalado que el Ayuntamiento no disponía de "proyectos ni medios humanos" para presentar proyectos que pudieran recibir fondos del Plan E del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y, por esta razón, se hizo una encomienda de gestión para que las empresas públicas del Ayuntamiento proporcionaran los suyos y de esta forma se presentó el del auditorio.También ha explicado que consideró que en la forma de adjudicar el proyecto "no había ningún reparo de legalidad" y ha comentado que los honorarios acordados para los socios de la empresa adjudicataria "los valoró el arquitecto municipal y consideró que se ajustaban a los módulos".Por otra parte, la secretaria del Ayuntamiento ha sostenido que no tuvo constancia "de que se abriera ningún concurso" y ha considerado que el procedimiento "no era correcto porque no hubo una previsibilidad y continuidad entre el concurso de ideas y la adjudicación del contrato". También ha criticado que el Gobierno local "trató de vestir legalmente algo que ya estaba contratado".El interventor del consistorio, asimismo, ha afirmado que en toda su carrera no vio ningún caso más en el que se contratara para el proyecto de una obra al ganador de un concurso de ideas previo
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