Lujo y excesos con ayudas públicas
La Udef investiga el uso de tarjetas visa que circularon sin control por Aido
Comidas, viajes por toda Europa,compras personales... Eran el complemento a sueldos de más de 100.000 euros.
Es una asociación industrial privada sin ánimo de lucro pero parece que su personal directivo vivía a cuerpo de Rey.
Coches de gama alta, compras de productos de lujo, comilonas, viajes exclusivos, supuestos servicios sexuales.... Son parte de los conceptos que recogerían los extractos de las tarjetas love o black de Aido, el Instituto Tecnológico de óptica Color e Imagen de Valencia cuya gestión investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional a raíz de una denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción.
La ambiciosa investigación que hasta ahora ha dirigido una jueza de Paterna en secreto ha abierto en canal las cuentas de Aido, una asociación industrial privada sin ánimo de lucro creada a iniciativa empresarial en 1988 e impulsada por la Generalitat a través del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana (Impiva) con la misión de aportar soluciones tecnológicas a las empresas mediante la óptica industrial.
La investigación apunta a que la supuesta trama se apoyó en una red de facturas cruzadas para justificar la financiación pública de proyectos y distraer el dinero que recibirían. Algunos de esos proyectos se justificarían con informes descargados de internet o copiados de proyectos antiguos, muchos de los documentos bajo sospecha carecerían de escaso valor técnico.
Según fuentes cercanas al caso, el juzgado trabaja ahora en varias líneas de investigación. Por una parte, ha encargado a la Intervención General de la Generalitat y a la Intervención del Estado, a petición de la Fiscalía, un informe sobre la contabilidad de Aido en los años investigados y conocer el alcance del fraude. Y por otra, los agentes adscritos a la Udef analizan cada uno de los sorprendentes conceptos que están apareciendo en los extractos de las tarjetas visa que durante años circularon sin control en Aido.
Al parecer, según explicaron fuentes próximas al caso, las tarjetas visa -conocidas como black o love en Aido porque un correo interno que también analiza la Udefapuntaba al supuesto pago de servicios sexuales- no habrían sido utilizadas por los empresarios que dirigían Aido sino por el personal directivo que trabajaba en las instalaciones de Paterna.
Entre ellos el ex director del instituto tecnológico,Emilio Pérez, quien fue despedido en junio tras su detención y a quien el juzgado le ha impedido acercarse a menos de 500 metros de las instalaciones para evitar la destrucción de pruebas. La Policía, de hecho, sospecha que Pérez destruyó al menos un archivador con abundante información de uno de los años que se investigan, según recoge el sumario.
La investigación de las tarjetas visa se encuentra en una fase muy incipiente, añadieron estas fuentes, pero todo apunta a que los investigados que disfrutaron de ellas gastaron miles y miles de euros en viajes por Europa, comidas o compras en tiendas de lujo o incluso en alquiler de coches de gama alta. Un dinero que el equipo directivo investigado recibía al margen de sus sueldos, que en algunos casos superaba los 100.000 euros anuales. Una misma tarjeta, sin embargo, podía ser usada por más de un directivo por lo que el extracto de una única tarjeta correspondería a los gastos -o caprichos- de más de uno de los investigados. Serían gastos suntuosos, soberbios y excesivos, que en ningún caso corresponderían a gastos propios en el ejercicio de su cargo. Incluso algunos apuntes parecerían más compras personales que de empresa.
Ningún cargo -anterior o actual- del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) -órgano que depende de la Conselleria de Economía y que interpuso la denuncia contra Aido en Fiscalía en noviembre de 2014- o de la cúpula empresarial de Aido a los que se ha dirigido EL MUNDO dice haber tenido acceso a los datos de dichas tarjetas. Ni siquiera fuentes oficiales del Ivace y la Conselleria de Economía conocían ayer el número concreto de tarjetas que habría circulado sin control. Muchos menos el dato global de gasto.
En cambio, el consejo de administración de Aido, en el que está representado el propio Ivace, sí ha aprobado las cuentas anuales de cada ejercicio. Esos balances recogen -o al menos debería- este tipo de gastos, que suelen camuflarse para que pasen nadvertidos. Nadie se interesó nunca.
Por el momento hay 18 imputados pero la lista podría ampliarse cuando lleguen los informes que ha encargado la jueza.
Posición del Consell
La vicepresidenta y portavoz del Consell, la consellera Mónica Oltra, lamentó ayer la multitud de «irregularidades» detectadas en torno a la gestión del instituto tecnológico Aido y calificó de «escándalo» las informaciones periodísticas de los últimos días que recogen datos comprometidos de los dirigentes de Aido. Para la dirigente valencianista, «la manera de gobernar del Partido Popular ha dejado desmantelados institutos tecnológicos» y denunció que «el dinero público no está para que uno se pegue la vida padre». La Generalitat está personada en este procedimiento pero por ofrecimiento de acciones y Oltra anunció ayer que en los próximos días el presidente Ximo Puig pedirá a la Abogacía una personación activa en la causa.
Oltra también se refirió ayer al informe de la Intervención que alerta de los sobrecostes en los colegios públicos construidos por Ciegsa. El Gobierno valenciano denunciará ante la Fiscalía los sobrecostes de 1.130 millones de la empresa pública si el informe provisional de la Intervención General en el que aparece este desfase se eleva a definitivo. La Intervención ya alertó de sobrecostes en Feria.
La ambiciosa investigación que hasta ahora ha dirigido una jueza de Paterna en secreto ha abierto en canal las cuentas de Aido, una asociación industrial privada sin ánimo de lucro creada a iniciativa empresarial en 1988 e impulsada por la Generalitat a través del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana (Impiva) con la misión de aportar soluciones tecnológicas a las empresas mediante la óptica industrial.
La investigación apunta a que la supuesta trama se apoyó en una red de facturas cruzadas para justificar la financiación pública de proyectos y distraer el dinero que recibirían. Algunos de esos proyectos se justificarían con informes descargados de internet o copiados de proyectos antiguos, muchos de los documentos bajo sospecha carecerían de escaso valor técnico.
Según fuentes cercanas al caso, el juzgado trabaja ahora en varias líneas de investigación. Por una parte, ha encargado a la Intervención General de la Generalitat y a la Intervención del Estado, a petición de la Fiscalía, un informe sobre la contabilidad de Aido en los años investigados y conocer el alcance del fraude. Y por otra, los agentes adscritos a la Udef analizan cada uno de los sorprendentes conceptos que están apareciendo en los extractos de las tarjetas visa que durante años circularon sin control en Aido.
Al parecer, según explicaron fuentes próximas al caso, las tarjetas visa -conocidas como black o love en Aido porque un correo interno que también analiza la Udefapuntaba al supuesto pago de servicios sexuales- no habrían sido utilizadas por los empresarios que dirigían Aido sino por el personal directivo que trabajaba en las instalaciones de Paterna.
Entre ellos el ex director del instituto tecnológico,Emilio Pérez, quien fue despedido en junio tras su detención y a quien el juzgado le ha impedido acercarse a menos de 500 metros de las instalaciones para evitar la destrucción de pruebas. La Policía, de hecho, sospecha que Pérez destruyó al menos un archivador con abundante información de uno de los años que se investigan, según recoge el sumario.
La investigación de las tarjetas visa se encuentra en una fase muy incipiente, añadieron estas fuentes, pero todo apunta a que los investigados que disfrutaron de ellas gastaron miles y miles de euros en viajes por Europa, comidas o compras en tiendas de lujo o incluso en alquiler de coches de gama alta. Un dinero que el equipo directivo investigado recibía al margen de sus sueldos, que en algunos casos superaba los 100.000 euros anuales. Una misma tarjeta, sin embargo, podía ser usada por más de un directivo por lo que el extracto de una única tarjeta correspondería a los gastos -o caprichos- de más de uno de los investigados. Serían gastos suntuosos, soberbios y excesivos, que en ningún caso corresponderían a gastos propios en el ejercicio de su cargo. Incluso algunos apuntes parecerían más compras personales que de empresa.
Ningún cargo -anterior o actual- del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) -órgano que depende de la Conselleria de Economía y que interpuso la denuncia contra Aido en Fiscalía en noviembre de 2014- o de la cúpula empresarial de Aido a los que se ha dirigido EL MUNDO dice haber tenido acceso a los datos de dichas tarjetas. Ni siquiera fuentes oficiales del Ivace y la Conselleria de Economía conocían ayer el número concreto de tarjetas que habría circulado sin control. Muchos menos el dato global de gasto.
En cambio, el consejo de administración de Aido, en el que está representado el propio Ivace, sí ha aprobado las cuentas anuales de cada ejercicio. Esos balances recogen -o al menos debería- este tipo de gastos, que suelen camuflarse para que pasen nadvertidos. Nadie se interesó nunca.
Por el momento hay 18 imputados pero la lista podría ampliarse cuando lleguen los informes que ha encargado la jueza.
Posición del Consell
La vicepresidenta y portavoz del Consell, la consellera Mónica Oltra, lamentó ayer la multitud de «irregularidades» detectadas en torno a la gestión del instituto tecnológico Aido y calificó de «escándalo» las informaciones periodísticas de los últimos días que recogen datos comprometidos de los dirigentes de Aido. Para la dirigente valencianista, «la manera de gobernar del Partido Popular ha dejado desmantelados institutos tecnológicos» y denunció que «el dinero público no está para que uno se pegue la vida padre». La Generalitat está personada en este procedimiento pero por ofrecimiento de acciones y Oltra anunció ayer que en los próximos días el presidente Ximo Puig pedirá a la Abogacía una personación activa en la causa.
Oltra también se refirió ayer al informe de la Intervención que alerta de los sobrecostes en los colegios públicos construidos por Ciegsa. El Gobierno valenciano denunciará ante la Fiscalía los sobrecostes de 1.130 millones de la empresa pública si el informe provisional de la Intervención General en el que aparece este desfase se eleva a definitivo. La Intervención ya alertó de sobrecostes en Feria.
