El juez trocea la causa de Aidico e imputa a Congost y cuatro ex consejeros
El ex director del centro declara durante horas por supuestas irregularidades en la gestión
La Generalitat pedirá personarse como acusación particular al igual que en Aido
El juzgado número 6 de Paterna, que investiga la supuesta desaparición de subvenciones concedidas a Aidico por valor de siete millones de euros, ha dividido en dos piezas separadas la causa abierta por supuestas irregularidades en la gestión de este centro. El juez, que ya ha iniciado la toma de declaraciones, interrogó ayer durante cerca de cuatro horas al principal imputado, Ramón Congost, que ostentó la dirección del Instituto Tecnológico de la Construcción desde 1996 hasta el verano de 2014.
La extensa duración de esta declaración judicial, que se prolongó hasta poco antes de las 15 horas, obligó a suspender el resto de citaciones del día. La fase de comparecencias ante el juez se reanudará tras el periodo navideño, ya en el mes de enero, según ha podido confirmar este diario de fuentes conocedoras del proceso.
Congost ya ha sido citado como investigado en las dos piezas. Aunque las imputaciones se extienden a al menos otros cuatro miembros del consejo rector. Entre ellos, figura Juan Eloy Durá, el que fuera presidente de Aidico y de la patronal de la construcción, Fevec, hasta hace apenas dos años.
La pieza principal se centra en la desaparición de los siete millones de euros que se otorgaron a Aidico para construir y equipar el futuro Instituto Tecnológico del Mármol en la localidad alicantina de Novelda. Estos fondos finalistas, la mayor parte procedentes de Europa, se ingresaron en una cuenta corriente a nombre del centro el 8 de enero de 2010. Apenas diez meses después, no había rastro del dinero. Su paradero es todavía incógnita, a excepción de los cerca de 1,5 millones de euros que llegaron a percibir las constructoras. Representa, sin embargo, una mínima porción del total. La estructura de lo que debía haber sido un centro de investigación puntero continúa abandonada a merced del paso del tiempo.
Congost ya ha sido citado como investigado en las dos piezas. Aunque las imputaciones se extienden a al menos otros cuatro miembros del consejo rector. Entre ellos, figura Juan Eloy Durá, el que fuera presidente de Aidico y de la patronal de la construcción, Fevec, hasta hace apenas dos años.
La pieza principal se centra en la desaparición de los siete millones de euros que se otorgaron a Aidico para construir y equipar el futuro Instituto Tecnológico del Mármol en la localidad alicantina de Novelda. Estos fondos finalistas, la mayor parte procedentes de Europa, se ingresaron en una cuenta corriente a nombre del centro el 8 de enero de 2010. Apenas diez meses después, no había rastro del dinero. Su paradero es todavía incógnita, a excepción de los cerca de 1,5 millones de euros que llegaron a percibir las constructoras. Representa, sin embargo, una mínima porción del total. La estructura de lo que debía haber sido un centro de investigación puntero continúa abandonada a merced del paso del tiempo.
Las deficiencias en la gestión de este proyecto comunitario explica, en buena medida, la actual situación de Aidico, cerrado a cal y canto y en concurso de acreedores. Las dos denuncias interpuestas ante la Fiscalía Anticorrupción pocas semanas antes de las elecciones de mayo exponen precisamente estos hechos. No obstante, el juzgado número 6 de Paterna investiga una segunda pieza, vinculada a otro proyecto europeo que se desarrolló, en esta ocasión, junto a la Politècnica de València. Según las fuentes consultadas, la universidad no habría recibido los fondos que le corresponderían por el trabajo efectuado.
La Generalitat, que tendrá que devolver los siete millones de euros a partir del próximo 1 de enero de 2016, solicitará en los próximos días su personación como acusación particular en este proceso, apuntaron desde el Consell. La Administración autonómica seguirá, por tanto, los mismos pasos que en el caso de Aido, el instituto tecnológico de Óptica, Color e Imagen, que también está siendo investigado por la justicia por supuestas irregularidades en la gestión de subvenciones públicas.
La Generalitat, que tendrá que devolver los siete millones de euros a partir del próximo 1 de enero de 2016, solicitará en los próximos días su personación como acusación particular en este proceso, apuntaron desde el Consell. La Administración autonómica seguirá, por tanto, los mismos pasos que en el caso de Aido, el instituto tecnológico de Óptica, Color e Imagen, que también está siendo investigado por la justicia por supuestas irregularidades en la gestión de subvenciones públicas.
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