El director de Aido participaba en empresas que facturaban por servicios fraudulentos
Una de las sociedades de Emilio Pérez cobró miles de euros por trabajos de escaso valor o sacados de internet
La magnitud de la trama del presunto desvío de fondos del Instituto Tecnológico de la Óptica, Color e Imagen (Aido) amenaza con convertirse en una de las macrocausas del año. El juzgado de Instrucción número 2 de Paterna dispone de abundante documentación -incluso confesiones de alguno de los trabajadores- que acreditarían las irregularidades que durante años se cometieron en la sede de la sociedad, ubicada en el Parque Tecnológico de Paterna.
Los indicios que constan en la causa atribuyen un papel capital al director del centro, Emilio Pérez. Además, se da la extraña circunstancia de que el directivo figuraba también en sociedades que supuestamente se beneficiaban de esa facturación ilegal. El primer auto de la juez, en una fase todavía embrionaria de la investigación, cita a la mercantil Kronomav Sistemas -en la que mantenía su participación- y el cargo de secretario en Visiofish Tecnology. Sólo la primera de estas sociedades habría facturado miles de euros por lo que se conoce como informes de complacencia. Se trata de documentación sin ningún valor para la empresa que paga por ella y de muy fácil acceso a través de internet, por ejemplo. En otros casos analizados incluso se duda de la existencia de los trabajos
No era esta una práctica exclusiva del director del instituto, entidad que ya no existe. La misma sospechosa compatibilidad de cargos se produce con otros directivos, también imputados, y otras mercantiles que facturaron a la empresa matriz. Estas empresas, además, no sólo eran reclamadas para un proyecto concreto. Su colaboración se extendía a varios trabajos de investigación.El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) detectó estas irregularidades tras una segunda auditoría al citado órgano, un procedimiento inusual. Al parecer, en la causa constan algunos indicios de que todo este proceso arranca como venganza por el despido de una empleada de Aido y a su vez mujer de Roberto Parras, jefe de área de Institutos Tecnológicos en el IVACE. Así es como se detecta que alguno de los informes de Kaparazoom por asesoramiento técnico están extraídos de una memoria de un investigador de la Universidad Complutense de Madrid. De igual modo, la documentación por servicios de vigilancia tecnológica tiene un valor muy escaso. En ningún caso supondría la contratación de un servicio externo, según los auditores. Son trabajos de mera transcripción o plagios de otros anteriores, tal y como recoge los investigadores.
Las pesquisas iniciales se centraban en el ejercicio de 2013. No obstante, las sospechas de que esta práctica, lejos de ser errores, eran en realidad toda una mecánica defraudatoria amplía la investigación a varios ejercicios anteriores. En concreto, desde 2008. Un dato da idea de la magnitud del asunto. En una década, Aido recibió más de 32 millones de euros de fondos de la Unión Europea.
Los indicios que constan en la causa atribuyen un papel capital al director del centro, Emilio Pérez. Además, se da la extraña circunstancia de que el directivo figuraba también en sociedades que supuestamente se beneficiaban de esa facturación ilegal. El primer auto de la juez, en una fase todavía embrionaria de la investigación, cita a la mercantil Kronomav Sistemas -en la que mantenía su participación- y el cargo de secretario en Visiofish Tecnology. Sólo la primera de estas sociedades habría facturado miles de euros por lo que se conoce como informes de complacencia. Se trata de documentación sin ningún valor para la empresa que paga por ella y de muy fácil acceso a través de internet, por ejemplo. En otros casos analizados incluso se duda de la existencia de los trabajos
No era esta una práctica exclusiva del director del instituto, entidad que ya no existe. La misma sospechosa compatibilidad de cargos se produce con otros directivos, también imputados, y otras mercantiles que facturaron a la empresa matriz. Estas empresas, además, no sólo eran reclamadas para un proyecto concreto. Su colaboración se extendía a varios trabajos de investigación.El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) detectó estas irregularidades tras una segunda auditoría al citado órgano, un procedimiento inusual. Al parecer, en la causa constan algunos indicios de que todo este proceso arranca como venganza por el despido de una empleada de Aido y a su vez mujer de Roberto Parras, jefe de área de Institutos Tecnológicos en el IVACE. Así es como se detecta que alguno de los informes de Kaparazoom por asesoramiento técnico están extraídos de una memoria de un investigador de la Universidad Complutense de Madrid. De igual modo, la documentación por servicios de vigilancia tecnológica tiene un valor muy escaso. En ningún caso supondría la contratación de un servicio externo, según los auditores. Son trabajos de mera transcripción o plagios de otros anteriores, tal y como recoge los investigadores.
Las pesquisas iniciales se centraban en el ejercicio de 2013. No obstante, las sospechas de que esta práctica, lejos de ser errores, eran en realidad toda una mecánica defraudatoria amplía la investigación a varios ejercicios anteriores. En concreto, desde 2008. Un dato da idea de la magnitud del asunto. En una década, Aido recibió más de 32 millones de euros de fondos de la Unión Europea.
¿En qué consistía realmente el fraude? En conseguir subvenciones públicas -aproximadamente el 80% procedían de la Unión Europea- gracias a trabajos no prestados y al abono de informes innecesarios o hinchados de precio, según constan en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Para ello también se computaban como horas de trabajo muchas más que las invertidas o incluso trabajadores que firmaban aunque no hubieran destinado ni un minuto al proyecto.
Los investigadores ponen otro ejemplo del sobrecoste pactado con las mercantiles. Una empresa facturó 3.000 euros por el mantenimiento de un aparato cuando, en realidad, el precio de mercado de este servicio ronda los 500 euros. Otra de las artimañas era pagar por servicios que, en realidad, hacían los propios trabajadores de Aido.
La policía sospecha de la actuación del IVACE. Llega a decir incluso que actúa de mala fe. La denuncia que presentó en la Fiscalía Anticorrupción fue precipitada, según un informe policial. Debió esperar a que el instituto Aido remitiera las alegaciones correspondientes a las irregularidades detectadas. Pero sorprendentemente se decidió acudir directamente a la Justicia.
La policía sospecha de la actuación del IVACE. Llega a decir incluso que actúa de mala fe. La denuncia que presentó en la Fiscalía Anticorrupción fue precipitada, según un informe policial. Debió esperar a que el instituto Aido remitiera las alegaciones correspondientes a las irregularidades detectadas. Pero sorprendentemente se decidió acudir directamente a la Justicia.
La Cadena Ser ha denunciado la falta de colaboración de la Generalitat a la hora de aportar información a los investigadores. El presidente, Ximo Puig, aseguró ayer que ha dado orden a la Abogacía de la Generalitat para que aporte toda la documentación que se le requiera. «Nada más conocer esta noticia me puse en contacto con el secretario general de Presidencia para que la Abogacía se ponga a trabajar para aportar todos aquellos documentos necesarios».
