Desde el diario del cuñado de la gerente que arruino SUMPA, alguien amenaza con que Puerto Mediterráneo pedirá una indemnización millonaria a la Generalitat.

Así se publica en el diario de Enrique Lucas Romaní el nuevo amigo de Sagredo que gobierna en nuestro municipio junto a la agrupación de Compromís per Paterna.

Cena variopinta esta misma semana en Bruselas de
"La banda" de la Comunidad Valenciana.

El medio del familiar del aforado también Esteban González Pons y yerno del propietario de la constructora Bertolín, bien vinculada en contrataciones de nuestra expoliada Paterna. Así lo afirma en su publicación, tras la resolución definitiva de la Consellería de Obras Públicas para tumbar el macroproyecto de Puerto Mediterráneo irá directa a los tribunales. 

Los impulsores de este mastodonte urbanístico de un millón de metros cuadrados y 860 millones de inversión consideran que les han cambiado las reglas del juego a mitad de la partida, por lo que acudirán a la justicia en busca de una indemnización millonaria. ¿La razón? Parece que algún alcalde "liante" les comentó que compraran terrenos a la firma y ya han comprado el 50% de los terrenos al considerar que los informes que obtenían, (manipulados en aquella época por más de un imputado por la justicia en estos momentos eran favorables) hasta la fecha por parte de la Generalitat le garantizaban desarrollar el complejo comercial y de ocio.

La polémica se centra en la llamada 'zona de servidumbre' de la autovía CV-35,  junto a la que se proyectó el complejo previsto en la localidad de Paterna. El secretario autonómico de Medio Ambiente y dirigente de Compromís, Julià Álvaro, explicó este jueves que la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de emitir el informe desfavorable contra el proyecto se fundamentaba principalmente en que el plano presentado por Intu-Eurofund contempla un margen de sólo 50 metros junto a la carretera, cuando la ley que regula este espacio fija el mínimo en los 100 metros. En efecto, las cifras de Puerto Mediterráneo son justo la mitad de las que marca la normativa, pero el asunto no es tan sencillo, dice el diario del familiar de Piluca Bertolín, casada en segundas nupcias con Gonzalez Pons y contratada como no, por Calabuig en Aguas de Valencia. 

Los impulsores sostienen que caben excepciones a la norma general tal y como también sucede con Heron City o la tienda de Bauhaus construido también por la empresa Bertolín en la era de Lorenzo Agustí, donde ademas de limpiarles el bolsillo a las monjitas Lorenzo se salvó el culo de su confortleter de un millón y medio de euros. 

Estos complejos ubicados justo al otro lado de la CV-35 en los que tampoco se ha respetado la distancia de los 100 metros , y que los informes favorables que han obtenido hasta la fecha durante la legislatura del Partido Popular de Francisco Camps, Gonzalez Pons y como no, el señalado por imputados en el Caso Nos o en Ciudad de la Luz que los hacia trío inseparable Gerardo Camps, un personaje que pasó 221.000 euros en gastos de restaurantes, hoteles y viajes al frente de la sociedad Proyectos Temáticos entre el 2007 y 2011.  

Por todos aquellos caldos se impulsó la Actuación Territorial Estratégica (ATE) estos les permitían acogerse a esta posibilidad. Según esta tesis, la Generalitat, ahora en manos del PSPV y Compromís, ha cambiado de criterio en mitad del proceso dejando a la empresa sin su bomboncito de La Mola, aunque a estos especuladores le que de verdad les mola, es decir que se rompe la seguridad jurídica o cosas por el estilo. Vamos que no consiguen el pelotazo esperado y ahora quieren resarcirse con algún tipo de responsabilidad patrimonial que les siga llenando los bolsillos.

Julià Álvaro replica en el diario del cuñado de Carmen Martínez Reig que, en efecto, Heron City y Bauhaus también cuentan con una zona de servidumbre de sólo 50 metros, si bien agrega que la pastilla de suelo en la que se encuentran ambos complejos se proyectó antes de 2006, año en el que se estableció la ley vigente que obliga a reservar 100 metros. El secretario autonómico añade que a Intu-Eurofund "siempre se les ha dicho que eran 100 metros, desde el principio", y subraya que la empresa se negó a extender esta distancia "porque les restaba zona comercial".

La controversia es la misma con otro de los argumentos citados por Álvaro para tumbar el proyecto: el paso del barranco d'En Dolça por la mencionada zona de servidumbre, "que reduce todavía más los metros requeridos legalmente". En la misma línea, los impulsores del proyecto defenderán ante la justicia que los técnicos les dieron inicialmente el visto bueno al concederles un uso compatible con el barranco.

La empresa habría comprado el 50% del terreno bajo distintas fórmulas y tendría asegurado mediante opciones de compra y adhesiones cerca del 100%. Todo ello se habría cerrado con precio de suelo urbanizable como les comento el "Alcalde Liante", categoría que decaerá a rústico en cuanto se rubrique la negativa al proyecto lo que provocará, en consecuencia, un significativo descenso de su valor. La enseña, además, ha pagado intereses desde 2013 por un aval de 1,5 millones de euros exigido por la Generalitat y ha asumido otros muchos gastos relacionados con el desarrollo del proyecto.

Firma en Paterna del Pacto del Tarquín
formalización de la "Banda Municipal".

Un engaño que debería Intu-Eurofund junto a la propia Generalitat del Pacto del Botánico pedir responsabilidades ante la justicia al "Alcalde Liante" y a su banda  que "vendieron la piel del oso antes de cazarla" . Aunque la cosa se complica, cuando descubrimos que  Alejandro Pons Romaní arquitecto afincado en Godella, pariente como algunos ya habríais deducido de Enrique Lucas Romaní y Esteban Gonzalez Pons. Es asesor remunerado de urbanismo del propio Alcalde de Valencia Joan Ribó actualmente. 

En el disparadero desde el minuto cero

Julià Álvaro subrayo este jueves, el informe negativo de la Comisión de Evaluación Ambiental no es definitivo, dado que resta que se pronuncie al respecto la Consellería de Obras Públicas. Pero la socialista María José Salvador ya adelantan al medio de Romaní que su resolución irá en la misma línea que la de la comisión, en la que cabe recordar que participan sus técnicos al 50%.

Tal vez esta ha sido la mayor sorpresa sobre el proceso, puesto que el PSPV, a diferencia de Compromís, sí había defendido el proyecto en varias ocasiones. La decisión de tumbar la ATE, sin embargo, se ha tomado por unanimidad, circunstancia que resta peso a la tesis de que se trate de una decisión política.

No obstante, también es público y notorio que la noticia ha sido toda una alegría en las filas de Compromís por lo menos en Paterna que utilizo La Mola como estandarte en su programa electoral que ha tenido el macrocentro comercial en el disparadero desde el minuto cero de la presente legislatura. 

El fuego se inició en la Conselleria de Economía, la que alberga las competencias de Comercio. "No se está por la labor de dar apoyo en este centro comercial. Eso sí, costará mucho y deberemos luchar todos juntos porque los lobbies de poder están ahí y ejercerán su presión", afirmaba el conseller Rafael Climent en julio de 2015.

El director general de Comercio todavía fue más explícito al respecto. "Si tuviera que firmar yo la paralización, la firmaría. No es el modelo de desarrollo comercial que nos gusta y vamos a hacer todo lo posible por desarrollar un modelo comercial que nos guste. Puerto Mediterráneo no va a tener nuestra colaboración", afirmó Natxo Costa en las mismas fechas.

La propia vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra, afirmaba hace hoy justo un año en un desayuno de Forum Europa Tribuna del Mediterráneo en el Hotel Las Arenas ante una pregunta que no dejo a nadie indiferente planteada por los concejales del grupo municipal de Podemos Paterna estando estos entre el público asistente, de que Puerto Mediterráneo era "una barbaridad, insostenible e inviable", y dos semanas después volvía a cargar contra el complejo por alojarse en un área comercial como es el área metroploitana de Valencia ya absolutamente saturada de centros comerciales algunos de ellos con grandes dificultades económicas para sobrevivir. "Donde se quiere instalar Puerto Mediterráneo ya hay centros que no chutan", dijo. El propio Secretario Autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro tildaba el proyecto de "el Terra Mítica del s.XXI" en una entrevista concedida al medio del director y fundador de Nordkapp Inversiones, si bien añadía que se juzgaría con criterios exclusivamente técnicos como ahora afirma que ha sucedido al mismo tiempo que otros que se activan con la voz de su amos como UGT-PV lo lamenta, CCOO-PV lo celebra.

Entre las reacciones, llaman la atención las diferentes visiones de los sindicatos mayoritarios. Pues el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, a las preguntas del medio como hemos demostrado nada imparcial en el brutal proyecto responde "que no haya podido salir adelante por criterios técnicos un proyecto que prometía tanto empleo", su homólogo en CCOO-PV celebraba la decisión del Consell. "Estamos contentos. Veíamos un claro impacto negativo en el comercio y en la hostelería local, que habría supuesto la pérdida de puestos de trabajo", afirmaba Paco Molina.

Con palabras de resignación, el alcalde socialista de Paterna, Juan Antonio Sagredo quien el propio Valencia Plaza lo posiciona por fin como claro defensor de Puerto Mediterráneo rogaba a la Consellería de Medio Ambiente "que argumente debidamente el rechazo a este proyecto para garantizar la seguridad jurídica y no perjudicar a nadie". Unas declaraciones que hace el alcalde sólo 24 horas después de un pleno municipal en el que ha conseguido llevarse al huerto un Compromís per Paterna que se deja engañar a sabiendas, que será arrastrado ante prácticas poco claras, por no decir mafiosas. El alcalde Sagredo no ha querido ir más allá en su crítica al "No a Puerto Mediterráneo", sabedor de que su partido, finalmente, respalda a regañadientes ante sus acreedores bancarios, esta decisión a nivel autonómico.